Milei’s decree to dismantle the State faces a long journey of obstacles in Congress.

Los mercados financieros festejaron el jueves el decreto de Javier Milei que desregula de manera abrupta la economía argentina. Las acciones de los bancos locales aumentaron hasta un 13% en la bolsa de Buenos Aires, …

Los mercados financieros festejaron el jueves el decreto de Javier Milei que desregula de manera abrupta la economía argentina. Las acciones de los bancos locales aumentaron hasta un 13% en la bolsa de Buenos Aires, los bonos soberanos en dólares tuvieron un alza en Wall Street y el riesgo país disminuyó casi 40 puntos. Sin embargo, la celebración se fue desvaneciendo a medida que avanzaba el día y surgían preocupaciones en el horizonte: el decreto deberá enfrentar una compleja serie de obstáculos. La resistencia encontrada en el Congreso, en la Justicia y en las calles podría frustrar los planes del presidente de desmantelar el Estado mediante cientos de derogaciones y modificaciones normativas. La lucha que se avecina ante este desafío sin precedentes será larga.

El grupo financiero Adcap enfatizó que la primera interpretación debería ser positiva. Sin embargo, debido a que hay varios sectores que presentarán quejas ante la justicia, la pregunta sobre la sostenibilidad sigue siendo un tema latente. Otros operadores bursátiles aplaudieron inicialmente el espíritu pro-mercado de las nuevas regulaciones, pero también moderaron su entusiasmo a la espera de la reacción de los legisladores y jueces, quienes tienen la última palabra. Por el momento, la situación es claramente adversa, pero la historia favorece a Milei: todos los presidentes de Argentina de las últimas dos décadas han emitido decretos de necesidad y urgencia y, aunque muchos han sido controvertidos, ninguno de ellos ha sido revocado por el Congreso.

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) son una herramienta excepcional establecida en la Constitución desde 1994. En situaciones de desastre natural o social, permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para abordar asuntos urgentes que no pueden esperar el debate en el Congreso. Los expertos en derecho constitucional están de acuerdo en que este no es el caso del decreto firmado el miércoles por Milei, que incluye reformas innecesarias y no urgentes. Denuncian que el presidente se ha atribuido poderes que corresponden al Poder Legislativo, una crítica que también ha sido expresada por gran parte de la oposición.

En segunda vuelta, Milei obtuvo el 56% de los votos. Más de 14 millones de argentinos lo acompañaron, buscando un cambio de dirección que pudiera sacar a la economía del país de una década de estancamiento, aumento de la pobreza y la inflación. Sin embargo, las acciones del presidente en los primeros días de su mandato han generado preocupación en todo el sistema institucional argentino. «El decreto viola prácticamente todo. Aunque pueda estar de acuerdo con su contenido, lo que falla aquí es la forma», condena el profesor de derecho constitucional Daniel Sabsay.

Dentro de las más de 300 medidas dictadas por el presidente de extrema derecha, resalta la prohibición de que el Estado intervenga en la regulación de precios de alimentos, bienes esenciales, alquileres y seguros de salud privados: esta decisión quedará en manos de empresarios y propietarios. Las empresas estatales podrán ser privatizadas, los clubes de fútbol se convertirán en sociedades anónimas y los extranjeros ya no tendrán límites para adquirir tierras en Argentina. Los contratos serán aceptados tanto en pesos argentinos como en cualquier otra moneda.

A partir de este momento, será considerablemente más complicado para los empleados llevar a cabo una huelga y mucho más sencillo para ellos perder su trabajo. Por otro lado, la situación mejora para los empresarios: ya no serán sancionados si tienen trabajadores contratados de manera ilegal o si éstos cumplen jornadas laborales de hasta 12 horas diarias. Los bancos podrán esconder las comisiones de las tarjetas de crédito a sus clientes y la industria nacional dejará de estar protegida por medio de aranceles.

Riesgo de la democracia

«El abogado y jurista Roberto Gargarella advierte que la democracia está en riesgo con este tipo de gobierno», declara. Gargarella se opone a las restricciones impuestas al derecho a la protesta y al mega decreto, el cual considera inconstitucional. Además, remarca que cualquier gobierno debe respetar la ley, aunque no le agrade, y le sorprende que un presidente que llegó al poder con minoría parlamentaria y sin apoyo sindical haya firmado un decreto de tal magnitud sin negociarlo previamente. «Existen muchos legisladores que podrían estar de acuerdo con ciertas partes del texto, pero ha causado gran indignación que se haya pasado por encima del Congreso», asegura.

El peronismo, ahora en la oposición, ha manifestado un rechazo absoluto al texto. «Esto es una política que entrega el país en beneficio de unos pocos, sin consideración alguna por el pueblo», declaró el jueves el líder del bloque peronista en el Senado, José Mayans. Las críticas también son contundentes desde el sector moderado de la coalición conservadora Juntos por el Cambio. «Así no», sentenció Horacio Rodríguez Larreta en las redes sociales. El exalcalde de Buenos Aires y ex candidato presidencial ha enfatizado que Argentina necesita reformas profundas, pero «solo tendrán éxito si se mantienen en el tiempo y cuentan con una base jurídica y constitucional sólida que garantice su realización».

La mayoría de las dos cámaras

El Poder Legislativo está votando el Decreto de Necesidad y Urgencia en su totalidad. Es una apuesta arriesgada, un todo o nada. Para derogarlo, se requiere el voto negativo de la mayoría de ambas Cámaras. Sin embargo, basta con que una de ellas vote a favor o incluso que no lo trate para que el decreto siga vigente, de acuerdo a la regulación establecida durante el gobierno de Kirchner en 2006. Desde entonces, ninguno de los decretos presidenciales firmados ha sido derogado en el Congreso, pero el de Milei podría ser una excepción, según Gargarella: «La acción ha sido tan provocativa, tan carente de búsqueda de acuerdos con nadie, que por primera vez en la historia es posible que ambas Cámaras se unan para derogar un decreto». A pesar de esto, cree que es probable que supere esta prueba y ve más factible que la anulación llegue a través del sistema judicial. «En términos legales, esto será anulado en cuanto sea posible, especialmente a la luz de la jurisprudencia de la Corte», predice.

«Indudablemente, va a ser llevado a los tribunales», concuerda el abogado, juez y político Ricardo Gil Lavedra. A diferencia de la vía política, que debe tratar el decreto como un asunto cerrado, la vía judicial puede desmenuzarlo en partes. Gil Lavedra está seguro de que en los próximos días habrá múltiples presentaciones de los diferentes grupos afectados ante los tribunales argentinos. Las decisiones en primera instancia podrán ser apeladas ante un tribunal superior y así sucesivamente hasta llegar a la Corte Suprema, en un proceso que podría tomar meses, incluso años. La máxima corte no tiene un plazo establecido para emitir su fallo, advierte. Fuentes judiciales de alto nivel consultadas por EL PAÍS también descartan que la Corte utilice atajos legales como el »

de un salto

para obtener la documentación lo más pronto posible.

La previsibilidad de un sistema radica en el respeto a la Constitución. Es sumamente relevante que todo se realice en conformidad con lo establecido en la Constitución y este decreto se aleja de esos parámetros», lamenta Gil Lavedra. En la misma línea, el experto en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez opina que la situación de emergencia defendida por el Ejecutivo carece de fundamento. Por el contrario, considera que se trata de un decreto que atenta contra la separación de poderes y busca imponer un proyecto político.

Los impedimentos políticos y legales pueden aumentar si las incipientes manifestaciones ciudadanas crecen. El miércoles por la noche, una multitud de personas llevaron a cabo un cacerolazo espontáneo en rechazo a las medidas anunciadas por Milei en una transmisión nacional. Primero, salieron a las principales avenidas de varias ciudades de Argentina y luego se reunieron frente al Congreso argentino en Buenos Aires. Para este jueves y viernes, hay nuevas convocatorias de protesta contra el Gobierno, pero el sábado los roles se invertirán y las calles serán ocupadas por aquellos que lo defienden. La polarización de la sociedad argentina, a menos de dos semanas de la asunción de Milei, es más intensa que nunca.

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